El presidente Luis Abinader autorizó mediante tres decretos la extradición de dos dominicanos y un ciudadano albanés acusados por los gobiernos de Estados Unidos y Albania de la comisión de varios delitos.
Con el decreto 682-22, el Poder Ejecutivo ordenó extraditar al dominicano Dawin Brito, alias Darwin Brito o Brito Darwin a quien la justicia estadounidense le imputó los cargos de desfalco, robo, hurto y asociación delictuosa al supuestamente involucrarse en un esquema para obtener y canjear fraudulentamente cheques de reembolso de impuestos sobre la renta en violación al título 18 del Código de Los Estados, sección 2, 371 y 641
Los cargos en contra de Brito se presentaron en el Distrito Sur de Nueva York el 6 de marzo de 2013. Nueve años después, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana solicitó al Gobierno dominicano su entrega en extradición a través de la nota diplomática No. 2022-662 fechada el 19 de julio de 2022.
Por otro lado, con el decreto 683-22, el primer mandatario da luz verde al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y la Dirección de Migración para la conducción a la República de Albania del ciudadano albanés Sajmir Hysenbelliu quien está acusado por la justicia de su país de “ayudar en el paso ilegal de la frontera en más de una ocasión, en un hecho cometido de forma grupo criminal estructurado”, delito penalizado en los artículos 333/a-2 y 334 del Código Penal albanés
La embajada de Albania solicitó la extradición de Hysenbelliu el 24 de febrero de 2021.
Otro dominicano que será extraditado es Johnny Israel Ramos Castillo. Mediante el decreto 684-22, Abinader autorizó su entrega al Gobierno de Estados Unidos, que lo pidió en extradición el 28 de julio de 2022 para que enfrente los cargos de fraude electrónico.
La Corte estadounidense para el Distrito Este de Pensilvania acusó a Ramos Castillo el pasado 13 de mayo de 2021 de “provocar la transmisión por comunicación electrónica interestatal de ciertos signos, señales y sonidos, a saber: transacciones electrónicas al detalle a través de las cuales Ramos Castillo y su coacusado obtuvieron teléfonos móviles y aparatos, y provocaron que los costos asociados fueran cobrados a las cuentas de otros individuos, con el propósito de ejecutar un esquema para defraudar o intentar hacerlo”. Para esto incurrieron en otros delitos como robo de identidad a tres personas, asienta el documento, que colectivamente lo acusa de 16 cargos contemplados en el Código de los Estados Unidos, por hechos ocurridos en diciembre de 2019.
Al autorizar las extradiciones, Abinader condicionó la entrega exigiendo a los países receptores que bajo ninguna circunstancia juzgue a los imputados por infracciones diferentes a las que motivaron su extradición, y en el caso específico de los dominicanos, que no se le aplique una pena mayor a la máxima establecida en la legislación dominicana, ni la pena de muerte, en caso de que se comprobase su culpabilidad.
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