El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña, plantea discutir la separación de la Dirección de Prisiones de la Procuraduría General

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, abogó por un debate a fondo sobre las transformaciones indispensables para asegurar una mejor justicia para toda la población, al tiempo que planteó que la Dirección General de Prisiones debería operar administrativamente de manera separada de la Procuraduría General de la República.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial dijo que conviene discutir en torno a las oportunidades de desjudicialización y simplificación de trámites administrativos que, cumpliendo con el mandato de las leyes, faciliten la vida a las ciudadanas y los ciudadanos.

“Visualizo espacios para consolidar y fortalecer la gestión de los registros públicos de manera coordinada”, acotó Molina Peña, al pronunciar el discurso al conmemorarse el Día del Poder Judicial, en una audiencia solemne celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Dijo que están ante una gran oportunidad de poner al día a la organización de la justicia. Y, con ello, poder ampliar el acceso, aumentar la eficiencia y permitir que los recursos judiciales puedan ser enfocados en las labores de su mejora continua hacia la transparencia y la confianza de la sociedad.

Sostiene que más allá de lo señalado, tiene el deber de afirmar que existe un amplio espacio de mejora para el funcionamiento del sistema de administración de justicia, tras señalar que es su  convicción que deben afrontar sin prisa, pero sin pausa, un debate a fondo sobre las transformaciones indispensables para asegurar una mejor justicia para toda nuestra población.

Expresó que ha llegado la hora de preguntarse si la Defensa Pública, por su vocación y sustento orgánico, debería operar como un instituto cuyo consejo no sea integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O si la Dirección General de Prisiones que, por su naturaleza, no está ligada a la función del ente persecutor, debería operar administrativamente de manera separada de la Procuraduría General de la República.

Destacó que al igual que en las democracias avanzadas, parece necesario que la coordinación de la política criminal estatal esté separada de la persecución del delito. “La misma tiene un carácter de integralidad sistémica que corresponde al Poder Ejecutivo. Y bien podría estar bajo los lineamientos de un ente institucional que cohesione las funciones judiciales sistémicas, no ligadas a los procesos”.

“La herencia de desigualdad en nuestra sociedad reproduce violencia. Sus múltiples expresiones agregan un alto costo que recae en los más débiles. Es el caso de la violencia que victimiza a las mujeres y que niega derechos a grupos discriminados. O incluso el modo en que a grupos marginalizados se les aborda el consumo de algunas sustancias que traen efectos negativos en la sociedad, pero que por desfase o falta de información son considerados como hechos criminales”, enfatizó.

Precisó que esos y otros temas requieren una discusión profunda para valorar su tratamiento acorde a los tiempos actuales y a la propia función estatal en una democracia.

Garantizó que el Poder Judicial continuará profundizando su anhelo de contribuir al bienestar del país y que las  juezas y jueces, con su compromiso con la integridad, su vocación de servicio y su gran formación, son una columna de confianza y apoyo para que la sociedad dominicana pueda continuar su camino de avance.

“Nuestro trabajo es protección de las garantías y libertades que la Constitución sostiene. Magistradas y magistrados de la República, en cada acto judicial, en cada sentencia se construye esta comunidad de historia y de sueños. No lo olvidemos por un solo instante. Es una carga pesada, pero el honor más elevado es acercarla, cada día más, a la realidad de la vida dominicana”, adujo.

Dijo mantener la firme creencia de que quienes se encuentran hoy en la sala augusta de la Suprema, quienes han dedicado su vida al servicio de la justicia, así como la misma ciudadanía, podían construir una justicia que provea acceso digno a todas y todos, respuesta pronta, eficiente y oportuna.