Abinader dictó el decreto 674-20, en cuya motivación se resalta el interés de la presente administración en mantener el “más estricto” apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración.
La información fue dada a conocer este viernes por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.
Los funcionarios quedan apartados de sus cargos y sin disfrute de salario hasta tanto den cumplimiento a lo dispuesto por la ley que instituyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y Servidores Públicos.
Señaló que en este año, por vez primera, la referida norma jurídica ha tenido un esfuerzo serio de aplicación y consecuencia.
Resaltó además que la actual gestión de gobierno envía con esto un mensaje a sus propios funcionarios sobre la importancia del cumplimiento de la ley, para todos.
La suspensión fue realizada a partir de la información suministrada por la Cámara de Cuentas respecto a funcionarios que, aún siendo señalados por la Ley 311-14, rebasaron el plazo de 30 días para hacer la presentación ante el referido órgano constitucional.
