El MP solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción para una mujer acusada de quemar a su hija de 22 años de edad

El Ministerio Público de Santo Domingo Este solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción para una mujer acusada de quemar a su hija de 22 años de edad el pasado 3 de agosto, tras sostener una discusión en la vivienda de la víctima, en el sector Alma Rosa.

La medida de coerción fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción en contra de Kenia Martínez Lara, imputada de incurrir en los delitos de asesinato, actos de barbarie, incendio y sustracción de su nieta, hija de la occisa.

El juez Bernardo Colin aplazó la audiencia para continuar conociéndola este domingo 8 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, luego de acoger una solicitud de la defensa de la acusada, a fin de disponer de más tiempo para estudiar el expediente y averiguar sobre la condición psicológica de la supuesta homicida.

En una nota, la Procuraduría General expresa que la tragedia ocurrió cuando Martínez Lara se presentó a la casa de su hija Estephany García Martínez, quien había dado a luz a una niña 18 días antes.

Señala que, mientras sostenían una discusión, Martínez Lara inmovilizó a su hija con una “sustancia”, dejándola tendida en la cama, y que, aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del pasado 3 de agosto, procedió a incendiar el cuerpo de su hija sobre la cama, ocasionando el siniestro que terminó por completo con la vida de la joven. La imputada procedió entonces a sustraer a la niña.

Martínez Lara fue arrestada el pasado 4 de agosto mediante orden judicial por su vinculación al hecho, cuando se presentó al destacamento de la Policía del ensanche Felicidad en Los Mina a llevar a la bebé. El Ministerio Público ha dado al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303-1, 303-2, 303-3, 354 t 434 del Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público destacó en un comunicado de prensa que cuenta con suficientes pruebas para que un juez disponga el envío a prisión de la procesada por el hecho criminal.