El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 15 implicados en la Operación Frontera

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 15 imputados en la red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos, desarticulada la madrugada del pasado domingo, en la denominada Operación Frontera.

La fiscal titular interina de Montecristi, Dinorah Liberato Rojas, depositó la solicitud ante la Oficina de Atención Permanente de ese distrito judicial, en la cual además, se pide declarar el caso complejo.

Los imputados son acusados de violación al tipo penal de tráfico Ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.

La operación es coordinada por la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, junto a la fiscal titular de esa jurisdicción, Grimaldi Oviedo Meran, y a las también fiscales Yohanny Herrera y Giselle González, con el apoyo del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre.

Por el caso fueron arrestados: Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red tráfico de migrantes desde Haití.

También Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

Así como también los miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargento mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.

En 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal, para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.

Entre las evidencias ocupadas por los fiscales, a los arrestados que integran la estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras, entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.