La Jueza Kenia Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para este jueves, a la una de la tarde, la audiencia de medidas de coerción a los cinco imputados en la Operación Coral, juicio en el que el Ministerio Público pidió prisión preventiva de 18 meses contra los involucrados y que el caso sea declarado complejo.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Publico, por la cantidad de información que debe ser analizada para determinar hasta dónde llega el presunto entramado de corrupción que, según dice, ha depredado fondos públicos.
Por el caso, están acusados el mayor general Adán Benoni Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), la pastora Rossy Guzmán, al coronel Rafael Núñez de Aza, supuesto cerebro financiero del grupo; el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
“Nosotros hemos dicho que hemos construido un proceso blindado y hemos demostrado en el tribunal que ha sido así. Este proceso se ha construido con el más alto estándar de calidad”, declaró Camacho al salir del tribunal ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso.
Indicó que, en este entramando de alegada corrupción que fue descubierto a través de la Operación Coral, los imputados han intentado entorpecer la investigación del Ministerio Público y que gracias a la reacción rápida se ha podido recabar la cantidad de pruebas que hoy se presentan.
Camacho comentó, además, que en este presunto entramando de corrupción, no están todos los que son. “Hay más personas que se seguirán investigando, hay más personas que se seguirán arrestando y en la medida necesaria, el Ministerio Público las presentará y las procesará en los tribunales”.Argumentos abogado
El abogado y representante legal de la señalada en la Operación Coral, Rossy Guzmán (La Pastora), manifestó que espera que la audiencia de medida de coerción culmine con la libertad de su defendida.
Héctor López Rodríguez, dijo: “Esperamos lo que espera todo inocente, que la investigación continúe, pero en su casa” y sostuvo que son falsos los señalamientos del Ministerio Público hacia la religiosa.
Enfatizó que no son 18 meses, un mes, ni un día, sino más bien, que ninguna persona que es inocente de los cargos que se le imputan puede estar preso un solo día. “¿Por qué? Por una razón muy sencilla que le puede pasar a cualquiera de ustedes, mañana pueden ser objeto de una acusación falsa y también, en lo que demuestran su inocencia están presos”, expresó el jurista López Rodríguez.
Al grupo apresado en la Operación Coral se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado domi- nicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Solicitud de clausura de empresas
La magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, decidió dejar para otra ocasión la solicitud de clausura que se hace de las empresas utilizadas en el supuesto entramado corrupto acusado de estafa contra el Estado dominicano.
Romero tomó la decisión tras acoger una objeción de los abogados de los imputados, quienes consideraron que no se puede mencionar imputaciones contra personas jurídicas (empresas), sin una representación de esas compañías en el estrado.
Las empresas que fueron utilizadas por el entramado de corrupción, según el Ministerio Público son la Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa Internacional Company EIRL, Aldom Glass Alumimium SRL, y RG&S Soluciones Financieras SRL.
Contra estas empresas la Procuraduría está pidiendo la clausura temporal.
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