El juicio por los sobornos de Odebrecht ha finalizado oficialmente y el 14 de octubre se dará a conocer el fallo

El juicio por los sobornos de Odebrecht ha finalizado oficialmente este jueves, luego de las consideraciones finales de emitidas por los imputados Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo se reservaron el fallo para el jueves 14 de octubre a las 3:00 de la tarde, día para el que convocaron a todas las partes en este proceso.

Al igual que Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Juan Roberto Rodríguez, los tres imputados que comparecieron hoy se declararon inocentes de las acusaciones que hizo el Ministerio Público. Entienden que las juezas deben emitir una sentencia absolutoria o un descargo, por presunta falta de pruebas.

En tanto, los representantes del Ministerio Público entienden que la acusación por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht quedó claramente demostrada con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que “mostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores”.

El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

Para el abogado Conrado Pittaluga pidió siete años de prisión y condenas de cinco años de reclusión para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

El órgano persecutor del crimen, además, solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.