El juez Pablo Imbert de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó por tercera vez el conocimiento de coerción a los implicados en red Cattleya

El juez Pablo Imbert de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes 26 de agosto a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra 16 encartados de la supuesta red explotación sexual desmantelada mediante la Operación Cattleya.

El aplazamiento fue concedido para que una de las partes o los abogados representantes del Residencial Coco Real, Punta Cana, tengan tiempo para revisar el expediente acusatorio.

El Residencial Coco Real, Punta Cana, era uno de los lugares donde supuestamente eran retenidas las venezolanas y colombianas del caso Cattleya.

Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), se mostró de acuerdo con la posposición, para que en esa próxima audiencia se conozca la solicitud de inclusión en el caso de tres nuevos señalados.

“El Ministerio Público mantiene y sostiene su solicitud de prisión preventiva para todos, igual está solicitando declaratoria de caso complejo en el presente proceso”, dijo Bejarán a los periodistas que le preguntaron sobre una posible colaboración de algunos de los imputados.

Integrantes de la supuesta red

Por este caso, el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva contra José Miguel Michel Guridis (Michel), supuesto cabecilla; Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

El Ministerio Público resalta que la medida de coerción sobrepasa las 192 páginas respaldadas por una gran cantidad de pruebas que pudo recolectar en la primera fase de investiga