El gobierno tomó una serie de medidas pa­ra garantizar el control y enfrentar la migración irregular.

El gobierno tomó anoche una serie de medidas pa­ra garantizar el control y evitar el tráfico de par­turientas en el país y pa­ra enfrentar la migración irregular.

Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violan­do las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales en­frentarán sanciones drásti­cas si las incumplen.

Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empre­sarios y personas en particu­lar que tienen contratadas a personas extranjeras de for­ma irregular, para que regu­laricen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sanciona­dos con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.

Así lo determinó a unani­midad anoche el Consejo de Migración de la Repúbli­ca Dominicana, en una re­unión que encabezó el pre­sidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Pa­lacio Nacional.

La información la dio a conocer el ministro de Inte­rior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las em­presas o empleadores que requieran los servicios labo­rales de extranjeros, debe­rán contratarlos de confor­midad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominica­na, explicó, debiendo cum­plir para ello con el proce­dimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de apli­cación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.

“Este Ministerio de Inte­rior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Gene­ral de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artí­culos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que estable­cen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empre­sa o empleador”, dijo.

Advirtió que el Estado do­minicano tomará todas las medidas que sean necesa­rias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingre­so al país de todo ciudada­no de nacionalidad extran­jera que implique una carga irrazonable para las finan­zas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.

“La regulación y control del movimiento de perso­nas que entran y salen del territorio de la República Dominicana es un dere­cho inalienable del Estado dominicano, pero por mu­chos años el ejercicio de es­te derecho ha sido parcial o nulo, afectando los intere­ses nacionales y lesionan­do nuestra soberanía”, des­tacó el funcionario.

Manifestó que la pre­sente administración tie­ne una posición clara y fir­me sobre la mejor manera de manejar este problema persistente y la única solu­ción posible es el cumpli­miento del ordenamiento jurídico nacional en mate­ria migratoria. “El Ministe­rio de Interior y Policía tie­ne la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migrato­ria del Estado dominicano como organismo que presi­de el Consejo Nacional de Migración”, dijo.

EN PUNTOS
Haitianos.
Según archivos históricos, la migración haitiana inició durante la ocupación norteamericana de 1916, cuando los militares estadounidenses tomaron el control de la economía dominicana.

Sin control.
Una de sus iniciativas fue la importación de braceros para cultivar caña para la industria azucarera, pero hoy esa migración se ha salido de control.