El gobierno tomó anoche una serie de medidas para garantizar el control y evitar el tráfico de parturientas en el país y para enfrentar la migración irregular.
Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales enfrentarán sanciones drásticas si las incumplen.
Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empresarios y personas en particular que tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular, para que regularicen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sancionados con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.
Así lo determinó a unanimidad anoche el Consejo de Migración de la República Dominicana, en una reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
La información la dio a conocer el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de extranjeros, deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominicana, explicó, debiendo cumplir para ello con el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.
“Este Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador”, dijo.
Advirtió que el Estado dominicano tomará todas las medidas que sean necesarias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso al país de todo ciudadano de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
“La regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del territorio de la República Dominicana es un derecho inalienable del Estado dominicano, pero por muchos años el ejercicio de este derecho ha sido parcial o nulo, afectando los intereses nacionales y lesionando nuestra soberanía”, destacó el funcionario.
Manifestó que la presente administración tiene una posición clara y firme sobre la mejor manera de manejar este problema persistente y la única solución posible es el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional en materia migratoria. “El Ministerio de Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migratoria del Estado dominicano como organismo que preside el Consejo Nacional de Migración”, dijo.
EN PUNTOS
Haitianos.
Según archivos históricos, la migración haitiana inició durante la ocupación norteamericana de 1916, cuando los militares estadounidenses tomaron el control de la economía dominicana.
Sin control.
Una de sus iniciativas fue la importación de braceros para cultivar caña para la industria azucarera, pero hoy esa migración se ha salido de control.
