El Poder Ejecutivo lo dispone mediante el decreto 517-25, firmado el 8 de septiembre por el presidente Luis Abinader
En medio de interrupciones eléctricas recurrentes que han afectado a diversos sectores del país, el Gobierno dominicano ha declarado de “emergencia nacional” todas las compras y contrataciones vinculadas al sector eléctrico tendentes a incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad, suplir la demanda y fortalecer el almacenamiento.
El decreto 517-25, firmado el 8 de septiembre por el presidente Luis Abinader, autoriza a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana a realizar adquisiciones y contrataciones de forma expedita.
Estas incluyen obras, servicios, equipos y consultorías especializadas que permitan mejorar la capacidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Aunque el país ha registrado avances en infraestructura energética en los últimos años, persisten retos importantes. Entre ellos se encuentran altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas en la red de distribución, y un incremento sostenido en la demanda eléctrica, especialmente en zonas urbanas y polos turísticos.
La situación ha generado presiones sobre el sistema, que en ocasiones no logra responder con suficiente estabilidad.
La declaratoria de emergencia contempla la instalación de nuevas unidades de generación térmica de respuesta rápida, así como la planificación y construcción de sistemas de almacenamiento energético, incluyendo bancos de baterías.
También se prevé la adquisición de equipos, repuestos y materiales para mejorar la distribución, transformación, medición y cobro del suministro eléctrico.
Además, se impulsarán proyectos de rehabilitación y expansión de redes, junto con contratos orientados a reducir pérdidas y gestionar la demanda de los usuarios no regulados.
El decreto también habilita la contratación de consultorías técnicas, jurídicas y ambientales, así como estudios financieros, de ingeniería y geología, necesarios para la ejecución de los proyectos.
Se declara de interés nacional la ampliación de la matriz de generación eléctrica, con el objetivo de cubrir el incremento súbito de la demanda. Las entidades involucradas en la interconexión y puesta en servicio de nuevas centrales deberán actuar con celeridad, conforme a sus respectivas leyes.
La medida estará vigente por un año a partir del 8 de septiembre, con posibilidad de prórroga mediante nuevo decreto presidencial.
El Gabinete del sector eléctrico, presidido por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, será responsable de supervisar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos.
Con esta decisión, el Gobierno busca no solo mitigar los apagones actuales, sino también sentar las bases para una transformación estructural del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, sectores críticos advierten que la rapidez en las contrataciones debe ir acompañada de transparencia y fiscalización rigurosa.
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