Pasadas las dos de la tarde, el expelotero de grandes ligas, Sammy Sosa llegó a la Procuraduría General de la República donde es interrogado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Anticorrupción, sobre su relación con algunas de las empresas de Alexis Medina, principal acusado del entramado de corrupción Antipulpo.
El interrogatorio que inició a las 3:00 de la tarde, surge luego de que el nombre del exbeisbolista y el de su hermano aparecieran en la solicitud de medida de coerción del entramado de corrupción, presentado por el Ministerio Público.
De acuerdo al Ministerio Público, José Antonio Peralta Sosa (hermano de Sammy) el 31 de agosto de 2017 recibió un poder para aperturar una cuenta bancaria en el Brickell Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito, ya sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa, hasta el monto de cuatro millones de dólares para fines de operaciones y compras de productos.
Los documentos indican que con este poder, José Antonio quedó autorizado a ser la única persona para firmar y disponer de dicha cuenta.
Ese mismo día, el pelotero Sammy Sosa fue autorizado para gestionar un préstamo o línea de crédito en nombre de la sociedad.
El préstamo era “hasta un monto no mayor de 10 millones de dólares estadounidenses por ante el banco del Progreso de República Dominicana, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma según considere”, se explica en el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
General Supply tuvo contratos, según la Pepca, por de 1, 350, 002 de pesos durante la gestión en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) de los apresados Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina, hermana de Alexis y el expresidente Danilo Medina. Fue constituida 17 de febrero de 2014.
En total esta en contratos con la OISOE, Fonper, Hacienda, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), obtuvo poco más de 1,248 millones de pesos.
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