Melitón Cordero fue condecorado por el Gobierno en 2024
Lo arrestaron el pasado 12 de febrero en Washington D. C
El exjefe local de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Melitón Cordero, es dominicano y el primero en alcanzar esa posición en el país. Fue arrestado en Washington D. C. bajo acusaciones federales de encabezar un esquema de sobornos y fraude de visas que habría operado desde la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.
Cordero, de 47 años, nació en San Francisco de Macorís y se identificaba como comerciante antes de ingresar a la DEA. Llevaba seis años al frente de la oficina local y fue detenido el pasado jueves 12 de febrero. Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, habría aprovechado la posición de “confianza especial” que ocupaba para agilizar de manera ilícita trámites migratorios a cambio de dinero.
El caso cobra mayor relevancia porque el 11 de septiembre de 2024 el Palacio Nacional había emitido el decreto 520-24, mediante el cual el presidente Luis Abinader le concedió la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero. En ese decreto se resaltó su “compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico” y se destacó su ascenso como el primer criollo en liderar la oficina de la DEA aquí.
Extraoficialmente se informó que el decreto fue dejado sin efecto este fin de semana.
Sin embargo, menos de dos años después, el funcionario enfrenta señalamientos graves. La acusación, encabezada por la fiscal Jeanine Ferris Pirro, sostiene que durante su asignación en República Dominicana tramitó al menos 119 solicitudes de visa en un período de seis años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante.
Las autoridades también investigan el presunto uso indebido de un programa reservado para informantes confidenciales, un mecanismo que permite el ingreso temporal a EE. UU. de personas que colaboran con agencias de seguridad. Según los documentos, ese recurso fue manipulado para beneficiar a solicitantes que pagaban sobornos.
La pesquisa involucra a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Tras el arresto, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo y calificó el caso como una “violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública”, al tiempo que anunció una revisión interna.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó la reubicación del personal asignado al país. Tanto la Embajada como la agencia señalaron que las acusaciones contra Cordero no representan al resto de sus funcionarios.
A su vez, el canciller dominicano Roberto Álvarez informó que conversó con la embajadora y precisó que se trata de una investigación interna de la misión diplomática, indicando que no existen señales de participación de funcionarios del Gobierno dominicano.
Las autoridades dominicanas no guardan relación con las denuncias que han motivado la revisión anunciada por la DEA, al tratarse de un asunto interno de la agencia estadounidense.
Se ha indicado que el proceso de evaluación y eventual determinación de responsabilidades corresponde a los mecanismos institucionales de EE. UU., sin que hasta ahora exista señalamiento alguno contra organismos ni funcionarios locales.
Modalidades descritas en la acusación
Según la acusación federal, el esquema habría operado mediante distintas prácticas, entre ellas:
La Fiscalía indicó que, en la última década, al menos 17 agentes de la DEA han sido acusados de delitos federales. El caso ocurre semanas después de que Joseph Bongiovanni, exagente de la DEA en Nueva York, fuera condenado a cinco años de prisión por proteger narcotraficantes y obstruir la justicia durante más de una década.
Mientras tanto, la controversia ocurre en un momento de alta sensibilidad regional, marcado por el crecimiento del narcotráfico marítimo en el Caribe, el fortalecimiento de redes de lavado y la utilización de rutas dominicanas como corredores estratégicos hacia Puerto Rico, Florida y Europa.
Por ahora, la DEA insiste en que su compromiso permanece intacto: “profesionalismo, transparencia y el imperio de la ley”, concluyó Cole en el comunicado.
Las autoridades dominicanas no guardan relación con las denuncias que han motivado la revisión anunciada por la DEA, al tratarse de un asunto interno de la agencia estadounidense.
Se ha indicado que el proceso de evaluación y eventual determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a los mecanismos institucionales de Estados Unidos, sin que hasta el momento exista señalamiento alguno contra organismos dominicanos ni contra funcionarios locales.
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