El Defensor del Pueblo, Pa­blo Ulloa, otorgó un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para informar la sanción a Digesett

El Defensor del Pueblo, Pa­blo Ulloa, otorgó un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que dé respues­ta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscritos a la Di­rección General de Seguri­dad de Tránsito y Transpor­te Terrestre (Digesett) que agredieron a miembros de esa institución y represen­tantes de los medios de co­municación.

En una misiva, Ulloa sos­tiene que mantiene el inte­rés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese ór­gano y de los medios que lo acompañaban a una inspec­ción al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregula­ridades allí.

“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cin­co días hábiles para dar res­puesta a lo planteado. La in­observancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pue­blo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, adujo Ulloa.

Expresó que genera pre­ocupación que, 30 días después de esta agresión reprochable y bochornosa contra el Estado de dere­cho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que ha tomado el Conse­jo Superior Policial para sancionar, legalmente y de conformidad con el debido proceso, las conductas ex­hibidas por los miembros de la Policía.

Ulloa dijo que requie­re con carácter de urgencia del director de la Policía Na­cional un informe explican­do las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía en este caso.

“Este informe debe con­tener todos los documentos en los que consta el proce­dimiento sancionador y las decisiones tomadas al efec­to”, adujo el Defensor del Pueblo.

Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódro­mo, el 11 de abril pasado, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Mo­reno y de las anomalías de­nunciadas por la Federación Nacional de Motoconchis­tas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos

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Destacó que no se puede olvidar que la actuación de los miembros de la Policía Nacional, adscri­tos a la Digesett, repre­senta también la obsta­culización de la facultad de inspección que posee este órgano de confor­midad con la Constitu­ción de la República y la Ley número 19-01.