El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, hoy se expresó referente a la situación que vive la República Dominicana con la cantidad haitianos indocumentados que se encuentran residiendo en el país.
“La situación de Haití es una preocupación para todo el continente pero especial para República Dominicana, es un desafío frente al cual nosotros debemos y tendremos que vivir permanentemente”, enfatizó el funcionario.
Además, durante la entrevista realiza en el programa El Día, dijo que al gobierno actual se le atribuye la responsabilidad de cantidad de haitianos que residen en RD, sin embargo, todo el mundo sabe que la comunidad haitiana en la República Dominicana, no entró en los últimos dos años.
Recordó que anteriormente no había problemas con los haitianos y que después del terremoto que se vivió en Haití en el 2010, fue las cosas cambiaron.
«Después del terremoto vinieron más y vino otro tipo de haitiano ya que durante el terremoto se destruyeron las cárceles, dejando libre a sus prisioneros, dato que el mismo Gobierno haitiano admitió».
Peralta se refirió a la situación de RD con Estados Unidos: «la República Dominicana dentro de los países de la región latinoamericana, es uno de los países donde hay mayor estabilidad política, por lo que no debe ser una preocupación para el gobierno de Estados Unidos, ni para ningún otro gobierno».
De igual forma, Peralta reaccionó a la sanción contra azúcar de Central Romana que impuso Aduanas de Estados Unidos alegando el uso de trabajo forzoso en sus operaciones.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informó que el gobierno dominicano designó una comisión de ministros, encabezada por el Ministro de trabajo, para iniciar gestiones a los fines de revisar las medidas de las autoridades de Estados Unidos de suspender la entrada de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar, debido a que es un tema que afecta de manera importante la situación la economía y laboral del país.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también comentó sobre los debates producidos sobre la legalidad por el Decreto 668-22.
Peralta manifestó que «la discusión sobre la legalidad del decreto ya quedó superada, debido a que el mismo decreto dice que se le instruye al Ministro de Interior y Policía, al Director de la Policía y al Director de Migraciones para que dentro del marco de la ley y respetando el debido proceso, procedan a perseguir la invasión de terreno propiedad del Estado y de persona privada, ya a someter a la justicia a los autores de los hecho, sin importar si son extranjeros.»
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