El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, advirtió desde Ginebra que la situación en el país caribeño se ha vuelto “más que insostenible”
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este miércoles una reunión de emergencia sobre la situación de Haití, asolado por la violencia cada vez más extendida de pandillas que amenazan con una guerra civil si no renuncia el primer ministro, Ariel Henry.
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió desde Ginebra que la situación en el país caribeño se ha vuelto “más que insostenible”, con 1.193 personas asesinadas por la violencia de las bandas armadas desde principios de 2024.
Türk pidió el despliegue urgente de una misión multinacional de apoyo a la policía haitiana. “La realidad es que, en el contexto actual, no existe una alternativa realista disponible para proteger vidas”, afirmó.
María Isabel Salvador, representante de la ONU en Haití, informará al Consejo de Seguridad sobre los acontecimientos, de forma remota en su reunión a puerta cerrada prevista este miércoles por la tarde.
Las bandas armadas, que controlan amplias zonas de Haití, anunciaron la semana pasada un esfuerzo conjunto para derrocar a Henry, y desde entonces el aeropuerto, las prisiones, las comisarías de policía y otros objetivos estratégicos de la capital Puerto Príncipe han sido atacados.
El poderoso líder de una de las principales pandillas, Jimmy “Barbecue” Cherizier, advirtió el martes que el caos actual conduciría a una guerra civil a menos que dimita el primer ministro Ariel Henry quien estaba en África en el clímax de esta oleada de violencia.
“Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional continúa apoyándolo, nos dirigiremos directamente a una guerra civil que conducirá al genocidio”, señaló a periodistas Cherizier, sancionado por la ONU.
En el poder desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, Henry debía dimitir en febrero, pero selló un acuerdo de poder compartido con la oposición hasta que se celebren nuevas elecciones en la nación más pobre del hemisferio occidental. Los últimos comicios se realizaron en 2016.
Al menos 15.000 personas huyeron en estos últimos días de las zonas más afectadas de Puerto Príncipe, según la ONU, que aún no tiene cifras de muertos en base a los datos recibidos desde el terreno.
“Cientos de miles de niños y familias están desplazados y privados de servicios y ayuda vital mientras los grupos armados dominan las calles”, denunció el martes Catherine Russell, directora del fondo para la infancia UNICEF.
“El mundo no debe quedarse de brazos cruzados”, añadió en las redes sociales.
En medio del aumento de la violencia, Henry aún no dio señales de que regresará al país. Había viajado a Kenia para presionar por el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU para ayudar a estabilizar su país, cuando comenzó la presión de las pandillas para derrocarle.
La violencia obligó a cerrar la actividad en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture luego de disparos contra algunos vuelos. Al gobernante se le negó el permiso para aterrizar en la vecina República Dominicana, según medios dominicanos.
Henry aterrizó brevemente en el territorio estadounidense de Puerto Rico, dijo el martes un portavoz del gobernador de la isla, aunque no estaba claro cuánto tiempo permanecería allí.
El gobierno de Haití declaró el fin de semana el estado de emergencia y el toque de queda nocturno en la capital, en vigor hasta este miércoles.
Los funcionarios haitianos reclaman desde hace meses asistencia internacional para sus abrumadas fuerzas de seguridad, mientras las pandillas apelan a creciente violencia para avanzar más allá de la capital y entrar en áreas rurales, amenazando la menguada producción agrícola local.
Entre la violencia, la crisis política y años de sequía, unos 5,5 millones de haitianos (aproximadamente la mitad de la población) necesitan de asistencia humanitaria externa.
El llamamiento de la ONU a financiar 674 millones de dólares en ayuda para esa nación este año apenas logró recaudar el 2,5%.
Después de meses de retrasos, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente dio luz verde en octubre a una misión policial multinacional ajena a la ONU encabezada por Kenia.
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