La Casa Blanca relaja los requisitos del transporte de combustible para facilitar la distribución
El ciberataque contra una de las grandes arterias energéticas de Estados Unidos, el oleoducto de la empresa Colonial, ha desatado el miedo a la escasez de gasolina y obligado al Gobierno a tomar medidas para garantizar el suministro y frenar la doble escalada de pánico y de precios. Tras el cierre de la infraestructura, decidido por la empresa para evitar la propagación del ataque informático del viernes, miles de estadounidenses han corrido a asegurar provisiones, lo que se ha traducido en largas colas en gasolineras de varias ciudades y ha alimentado la sensación de vulnerabilidad que este episodio ha dejado en la gran potencia mundial.
Como en una profecía autocumplida, el temor a la carestía disparó la demanda y dejó a varias estaciones de servicio del país sin gasolina. El precio medio por un galón de gasolina subió dos céntimos el martes en el promedio del conjunto del país, según los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, aunque las subidas llegaron a alcanzar hasta seis y siete céntimos en Carolina del Sur y Carolina del Norte, respectivamente. La infraestructura atacada recorre más de 8.850 kilómetros (5.500 millas) entre Texas y Nueva York y transporta cada día 2,5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación, lo que representa el 45% del suministro de toda la costa Este.
La Administración de Joe Biden ha tratado de llamar a la calma, asegurando que no hay que temer por un déficit de combustible, si bien sí admite problemas con el suministro. “Sabemos que tenemos gasolina, solo necesitamos llevarla a los lugares adecuados”, declaró a la prensa este martes la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que no pudo precisar cuándo volverá a funcionar el oleoducto. Colonial tomará la decisión este miércoles, según la funcionaria.
El ataque ha exhibido la fragilidad de la red energética Estados Unidos ante los ataques ransomware, es decir, de programas maliciosos que encriptan y bloquean la información hasta cobrar el rescate. El FBI ha achacado la acción a Darkside, un grupo criminal dedicado a este tipo de extorsión del que se tiene pista desde 2020. La crisis ha puesto a la Administración de Biden ante la necesidad de dar respuestas de corto y largo plazo, es decir, medidas para solventar el problema inmediato y un plan de acción que proteja al país ante un tipo de ataques cada vez más común.
De momento, Washington ha suspendido de forma temporal algunas normas medioambientales y de transporte de carretera para asegurar el suministro en la costa Este y el presidente Biden tiene previsto presentar esta semana su hoja de ruta para la ciberdefensa. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para evitar la crisis de suministro y emitió una orden por la cual el estado elimina las restricciones de peso y tamaño de los camiones cisterna de combustible y declara ilegal la especulación de precios.
Este martes, durante una comparecencia en el Senado, el director de la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, Brandon Wales, advirtió de que este tipo de ataques son “cada vez más frecuentes, sofisticados y agresivos”. Los estadounidenses lo están palpando en la calle estos días.
