El abogado Francisco Franco Soto, fue seleccionado para la Cámara de Cuentas en medio de litis con ese organismo

Un contrato con exmiembros para defenderlos por corrupción fue llevado ante la justicia por ser pagados con dinero del Estado

En una primera sentencia, el acuerdo fue declarado irregular por el TSA, pero otro tribunal lo declaró válido

El abogado Francisco Franco Soto, juramentado ya como miembro de la Cámara de Cuentas, fue escogido por los congresistas para optar por el puesto en medio de una litis judicial en la que se procuraba anular el contrato con el cual acordó defender al expresidente de ese organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), y dos integrantes más de ese organismo acusados de “maquillar auditorías”.

Los servicios legales para defender a Álvarez Pérez y a los exmiembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz —investigados en el caso Operación Caracol— fueron contratados con el abogado Franco Soto y otros juristas por un monto superior a los 6 millones de pesos, pagados por la referida institución del Estado.

La Cámara de Cuentas que encabezó Janel Ramírez Sánchez, que sustituyó la de Álvarez Pérez, solicitó hace cuatro años al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarar lesivo al interés público la resolución número DEC-X-2021-001 de ese organismo que contrató la firma de “abogados Inteligencia Legal, S.R.L., representada por la licenciada Jennifer Rodríguez Gómez, y el licenciado Francisco Franco Soto“.

Los miembros de la Cámara de Cuentas, que finalizaron su gestión el pasado miércoles, entendían que sus antecesores debían pagar con recursos propios su defensa a las acusaciones de corrupción y no con dinero del Estado.

El 31 de enero del 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia, en la cual acogió la solicitud de la Cámara de Cuentas y declaró la nulidad de dicha resolución, con la que se contrató a los togados, porque esta se dictó “transgrediendo la normativa”.

Sin embargo, la sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) por considerar que el fallo que favorecía al organismo fiscalizador tenía “vicio formal referido a la motivación” de su dictamen.

Este último tribunal, la Cuarta Sala del TSA, emitió su sentencia el 26 de diciembre del 2024, pocos días después de que la Cámara de Diputados concluyera las entrevistas a los postulantes a formar parte del órgano de control externo de los recursos públicos.

Esta decisión de este último tribunal fue recurrida nuevamente en marzo pasado, esta vez por la Cámara de Cuentas, ante la SCJ, la que todavía no ha fijado fecha de audiencia.

El recurso pendiente de conocimiento busca invalidar la sentencia de la Cuarta Sala del TSA que mantuvo vigente el contrato de “la entidad Inteligencia Legal, SRL y el señor Francisco Franco Soto, por cumplir con los requisitos legales previstos”.

Los jueces de la Cuarta Sala del TSA argumentaron que con la Resolución ADM-2021-X-008, dictada el 1 de noviembre de 2021, la Cámara de Cuentas declaró lesivo el convenio “sin justificar ni motivar cuáles fueron las causas que la conllevaron a revocarlo de forma unilateral”.

Los jueces Román A. Berroga Hiciano, presidente; Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario alegaron, además, que la “Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto ni a terceros que pudieran resultar afectados”.

Alegó también que “violó el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica que favorecen a las partes recurridas, al avocarse a iniciar un proceso de declaración de lesividad sin manifestar cuál fue la contrariedad al derecho y la lesión ocasionada al interés público general que implicara su invalidez”.

Defensor de Jean Alain y acusado del caso Coral

Franco Soto formaba parte de la defensa del exprocurador de Jean Alain Rodríguez en el caso de Operación Medusa, que este encabeza, hasta septiembre del 2022, cuando el proceso se encontraba en la etapa preliminar.

En Operación Medusa, según el Ministerio Público, se habría estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Asimismo, Franco Soto fue representante legal del exsubjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, uno de los principales acusados del caso de corrupción Operación Coral, que involucra a militares y policías y cuya estafa al Estado, según el órgano acusador es de más de 4,000 millones de pesos.