El abogado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, uno de los principales imputados en Operación Calamar, asegura que los acuerdos de 10 de los 20 señalados en el expediente no tienen valor probatorio ni «asidero jurídico».
Eduardo Núñez sostuvo también que sólo uno de los que admitieron su culpabilidad en la supuesta red con la que se estafó al Estado y a sucesores de propiedades que fueron declaradas de utilidad pública señaló a Guerrero.
Identificó al exdirector de Juego de Azar, Óscar Chalas, el cual, según dijo, fue destituido en la misma gestión del exministro de Hacienda por «irregularidades en sus funciones».
«Cuál es la condición probatoria, qué valor de verdad se asocia un acuerdo que se hace con el Ministerio Público, para que el Ministerio Público venga aquí y varíe inmediatamente la medida de coerción. Eso es un acuerdo que en su mayoría consiste en dí lo que yo quiero que tú digas y así te varío la medida con asidero jurídico y probatorio ninguno», afirmó Núñez.
Según Francisco García, representante de la familia Gatón, víctima de la estafa, la defensa de Donald Guerrero fue que inició este domingo la presentación de los elementos con los que procura demostrar que su defendido no se sustraerá del proceso judicial, de ser favorecido con la libertad.
La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada como en las otras ocasiones.
Eduardo Núñez fue entrevistado este domingo previo a que la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente, reiniciara el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los encartados en el caso de corrupción que involucra, además a los exminitro Administrativo, José Ramón Peralta, al de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y al exdirector del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
No representa peligro de fuga
Núñez aseguró que Donald Guerrero no ha presentado peligro de fuga o ningún riesgo de obstaculización durante el desarrollo de la investigación que lleva más de dos años al supuesto entramado.
