EE.UU: El fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento desencadena una nueva ronda de batallas legales

A pocas horas de la sentencia, que frena las medidas cautelares a nivel nacional, los demandantes presentaron nuevos documentos judiciales buscando bloquear el plan de Trump a través de una vía legal diferente.

Casi tan pronto como la Corte Suprema publicó su fallo que limita la capacidad de los jueces de bloquear el plan del presidente Donald Trump de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, los demandantes presentaron nuevos reclamos legales que buscaban el mismo resultado por un medio diferente.

Si bien el tribunal dijo el viernes que los jueces no pueden emitir “medidas cautelares universales” de amplio alcance que puedan aplicarse en todo el país en muchos casos, dejó abierta la opción de que los demandantes busquen un alivio amplio a través de demandas colectivas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda similar en New Hampshire en nombre de los inmigrantes cuyos hijos podrían no obtener la ciudadanía estadounidense al nacer si la orden de Trump entrara en vigor.

En un caso separado en Maryland, en el que los grupos habían obtenido una orden judicial a nivel nacional, los abogados presentaron una queja enmendada buscando un alivio colectivo similar para cualquier persona afectada por el plan de Trump pocas horas después del fallo escrito por la jueza Amy Coney Barrett.

“Todos los tribunales que han examinado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional”, declaró Cody Wofsy, abogado de la ACLU. “La decisión de la Corte Suprema no sugirió lo contrario en absoluto”.

Según el plan de Trump, la ciudadanía por nacimiento se limitaría a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano o residente permanente estadounidense. Esto contradice la interpretación generalmente aceptada de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución , que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, con algunas excepciones menores.

William Powell, abogado involucrado en el caso de Maryland, dijo a los periodistas que la queja enmendada buscaría “certificar una clase a nivel nacional de todas las personas afectadas por la orden ejecutiva”.

Esto incluiría a los bebés ya nacidos y a los que nacerán en el futuro, así como a sus padres, dijo.

El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente el viernes, pareció respaldar la idea de las demandas colectivas, diciendo que los demandantes pueden “a veces intentar proceder mediante una demanda colectiva… y pedirle a un tribunal que otorgue una reparación preliminar para toda la clase que puede ser, por ejemplo, a nivel estatal, regional o incluso nacional”.

La Corte Suprema limitó el alcance de la orden judicial en el caso de Maryland, así como de otras dos órdenes judiciales a nivel nacional impuestas por jueces en el estado de Washington y Massachusetts en casos presentados por los estados.

Los estados no pueden presentar demandas colectivas, pero Barrett escribió en su opinión que aún podrían solicitar una compensación amplia en sus casos. Esto deja abierta la posibilidad de que se dicten medidas cautelares que cubran a cualquier persona que resida dentro de un estado e incluso a niños nacidos en otro lugar pero que se muden a un estado cubierto.

Un portavoz del fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, cuyo estado se encuentra entre los demandantes, dijo que los abogados todavía tienen la intención de buscar ayuda a nivel nacional.

“No creemos que Estados Unidos pueda demostrar que las alternativas que propone para proteger a los estados sean viables en la práctica o en el plano legal, y esperamos poder llevar estos puntos ante el tribunal de distrito”, añadió.

Samuel Bray, un crítico de los mandatos judiciales a nivel nacional en la Facultad de Derecho de Notre Dame, cuyo trabajo fue citado en el fallo, dijo que tanto los estados como los demandantes individuales aún pueden obtener mandatos judiciales amplios contra la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento, potencialmente incluso a nivel nacional.

“No espero que la orden ejecutiva entre en vigor jamás”, añadió.

Aún no está claro cómo responderá el Departamento de Justicia a las nuevas acusaciones.

Pero en una conferencia de prensa el viernes, Trump dejó en claro que la administración usaría de manera proactiva el fallo de la Corte Suprema no sólo para reforzar su propuesta de ciudadanía por derecho de nacimiento sino también para impulsar otras políticas que han sido bloqueadas por los jueces a nivel nacional.

“Gracias a esta decisión, ahora podemos tramitar con prontitud numerosas políticas que han sido prohibidas indebidamente a nivel nacional”, afirmó el presidente.

Señaló específicamente varias políticas bloqueadas por los tribunales, incluidos los intentos de la administración de retener la financiación a las jurisdicciones “santuario” que se niegan a cooperar con el gobierno en materia de inmigración y una orden ejecutiva que busca bloquear la atención de transición de género para personas transgénero menores de 19 años.