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Ecuador: acusaron al ministro de Salud de ordenar que vacunen a familiares suyos antes de que fuera su turno

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La fiscalía general investigará la denuncia presentada por una organización ciudadana contra Juan Carlos Zevallos. La Defensoría, candidatos políticos a las elecciones presidenciales, asociaciones de médicos y más de un centenar de asambleístas han pedido su remoción

La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación sobre la actuación del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, luego de que fuera denunciado por un presunto delito de tráfico de influencias en el reparto de vacunas contra el COVID-19 para beneficiar familiares suyos.

La entidad informó en sus redes sociales que “con base en varias denuncias presentadas, la Fiscalía abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Z.”.

En concreto, la agrupación Acción Jurídica Popular detallaóque las 8.000 vacunas que llegaron al país el pasado 21 de enero estaban destinadas principalmente para el personal médico de primera línea. El Gobierno había anunciado que en la “fase cero” o “piloto” iban a vacunarse tanto el personal sanitario de primera línea como personas mayores y asistentes en residencias de ancianos, tanto públicos como privados.Se espera que la próxima semana lleguen a Ecuador las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, en total 86.000 a un ritmo aproximado de 15.000 en cada partida, según el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos. EFE/José Jácome/Archivo

La polémica se originó a raíz de la publicación de informaciones que apuntaban a que familiares del ministro, residentes en un centro privado para personas mayores denominado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles de Quito, fueron vacunados el fin de semana con dosis procedentes del hospital Pablo Arturo Suárez.

El domingo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que las delegaciones provinciales de la entidad que dirige efectuarán un seguimiento exhaustivo del plan de vacunación ante las sospechas.

Tanto la Defensoría como candidatos políticos a las elecciones del 7 de febrero y asociaciones gremiales de médicos, y más de un centenar de asambleístas, han pedido la remoción del ministro y aclaraciones sobre su actuación.

La fiscal ha pedido a la cartera sanitaria la entrega del protocolo establecido para determinar el orden y forma de vacunación, además de la cantidad de vacunas que se colocaron en el geriátrico donde se encuentran los familiares de Zevallos. Ante el requerimiento, el Ministerio de Salud Pública dispone de un plazo de 48 horas para enviar toda la información requerida.El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, durante una conferencia de prensa, en Quito (Ecuador). EFE/Presidencia de Ecuador

También se ha solicitado la comparecencia del propio ministro, que tendrá que declarar ante la Fiscalía General en la mañana del próximo lunes.

El pasado miércoles, en un video institucional de su ministerio, Zevallos justificó su actuación al señalar que los “adultos mayores fueron escogidos para esta fase inicial en Ecuador, y en el resto del mundo”.

”El día sábado, dentro de mis actividades visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando dentro de lo que ya estaba planificado”, refirió antes de proseguir: “Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo”.

”(Lamento) muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé, no soy político, no entiendo de política”, mencionó en el mensaje.Personal sanitario y familiares de pacientes esperan afuera del hospital Iess del Sur, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Y añadió: “Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado”.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que serán despachadas hasta septiembre u octubre, para inmunizar a unos 9 millones de habitantes, el 60% de la población.

Yurel De Jesús

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