Dos militares más y una gerente bancaria son los nuevos imputados que el Ministerio Público ha identificado como parte de la red de corrupción en entidades castrenses y contra quienes también presentó solicitud de medida de coerción la noche de este sábado.
Se trata del teniente coronel Kelman Santana Martínez, asistente personal del jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara exencargado de recursos humanos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cesrur), entre el 2014 y el 2020.
Además, fue identificada Esmeralda Ortega Polanco, quien de acuerdo a las pesquisas es la gerente de una sucursal del Banco de Reservas en Santo Domingo Este, donde supuestamente con su ayuda se realizaron más del 90 % de las operaciones financieras de la red de presunta corrupción.
La Pepca ha dicho que debido a los conocimientos en finanzas de esta ejecutiva, se evadían los controles del sistema financiero.
Asegura que esto se evidencia porque a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que supuestamente no contaban con el perfil financiero para esto, nunca se hicieron reportes de transacciones sospechosas (como mandan las reglas) y se hicieron escasos reportes de transacciones en efectivo.
Anoche, fiscales de la Pepca solicitaron contra estos imputados, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, y los otros nueve imputados la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que, además, se declare el caso complejo.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para mañana el conocimiento de la audiencia de medida de coerción.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), Julio Camilo De los Santos Viola (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el mayor José Manuel Rosario Pirón, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle.
Los imputados serán presentados este domingo ante juez por primera vez tras ser apresados el pasado miércoles durante la denominada Operación Coral 5G.
El Ministerio Público ha dicho que cuentan con más de 700 elementos de pruebas contra 13 imputados.
“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos y confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer, será la prisión preventiva”, dijo la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz dijo que las evidencias depositadas incluyen documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios que, como en todos los casos que ha presentado el Ministerio Público, conducirán a la prisión preventiva de los imputados.
Sostuvo que el Ministerio Público sigue ampliando la investigación. “Coral 5G apenas comienza, las investigaciones continúan ”, sostuvo, mientras respondía a los comunicadores.
Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
