El juez Rigoberto Sena otorgó un plazo de siete días a los imputados con garantía económica para hacer efectivo el pago; de lo contrario serán trasladados a los centros penitenciarios de Las Parras y Najayo Mujeres
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a los 26 imputados en el caso Senasa 2.0, entre los que se encuentran médicos y exempleados del seguro estatal, a quienes se les acusa de estafa millonaria en perjuicio de los afiliados.
El caso fue declarado de tramitación compleja.
Prisión preventiva para ocho imputados
El magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, y los médicos Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Asimismo, ordenó 18 meses de prisión preventiva para la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las médicas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario y garantías económicas
El tribunal impuso arresto domiciliario a las exempleadas del SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Además del arresto domiciliario, también le impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos a través de una compañía aseguradora a los médicos Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
En tanto, a la doctora Martha María Saldaña se le impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de tres millones de pesos.
Dos en libertad mediante garantía económica
En el caso de los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré, el tribunal dispuso una garantía económica de un millón de pesos mediante aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El magistrado otorgó un plazo de siete días a los imputados con garantía económica para hacer efectivo el pago; de lo contrario, serán trasladados a los centros penitenciarios de Las Parras y Najayo Mujeres.
Imputación y operativos del Ministerio Público
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los procesados en el caso Cobra 2.0-A están imputados de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología (acceso ilícito y uso indebido de códigos) y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
Los imputados fueron arrestados durante allanamientos ejecutados la madrugada del pasado viernes por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El expediente resalta que la corrupción es una plaga insidiosa con graves repercusiones para la sociedad, al debilitar la democracia y el Estado de derecho, propiciar violaciones a los derechos humanos, distorsionar los mercados y permitir el avance de la delincuencia organizada.
Ministerio Público advierte: “La investigación no concluye aquí”
A la salida del tribunal cuya decisión estaba fijada para las 7:00 de la noche, pero inició a las 9:05 de la noche, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo un llamado directo al sector médico sobre el uso de sus credenciales profesionales:
“Exhorto a los médicos a que no presten sus códigos. Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, no hubiese existido este caso Cobra 2.0-A. Debemos tomar esta experiencia como base para una campaña que oriente a la clase médica sobre esta práctica”, sostuvo Camacho.
Respecto a la decisión del juez, el fiscal valoró la decisión: “Todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad. Este es un reconocimiento del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, y nos parece una decisión razonable”.
Camacho advirtió que las indagatorias sobre las irregularidades en el SeNaSa continuarán: “La investigación no se cierra, no concluye con estas medidas de coerción conocidas este domingo. Vamos a ir por más”.
