El exdirector del Cestur forma parte del presunto entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado
La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variar la prisión domiciliaria al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales acusados en la Operación Coral.
La magistrada Gisselle Méndez acogió los argumentos del Ministerio Público, que negó la solicitud de Torres Robiou debido a que no han cambiado las circunstancias que llevaron a imponer la medida y porque aún existe el riesgo de fuga, según informó la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
El exdirector del Cestur forma parte del presunto entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado, desmantelado por el órgano persecutor en 2021 bajo la Operación Coral5G, que se fusionó con el expediente de Coral encabezado por el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre.
Los otros implicados en este proceso judicial, según el Ministerio Público, son Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también están cumpliendo la medida de coerción consistente en arresto domiciliario y uso de grillete.
Torres Robiou ha estado bajo arresto domiciliario desde mayo de 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, cambió su prisión preventiva que se le había impuesto en Najayo-Hombres.
El Ministerio Público ha presentado cargos por corrupción contra 48 personas, 30 de ellas individuos y 18 entidades jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano por más de 4,000 millones de pesos.
El juicio de fondo para todos los acusados, que ha sido pospuesto en tres ocasiones, está programado para el 22 de febrero.
La Pepca informó que en la audiencia de revisión de la medida de coerción a Robiou, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar y Arolin Lemos.
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