La Fiscalía de Villa Altagracia dispuso este martes el arresto del coronel César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo dio muerte a la pareja de esposos que se desplazaba en un carro hacia Santo Domingo junto a otras dos personas tras participar en una actividad religiosa.
La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán, informó que en el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha encontrado elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del oficial sobre los hechos que provocaron la muerte de Eliza Muñoz Marte, de 32 años de edad, y su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, así como heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.
En las próximas horas, el órgano de persecución penal solicitará medidas de coerción contra Maríñez Lora, alojado en el Centro de Privación Provisional de Libertada de Ciudad Nueva hasta el momento en que se presente ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
La magistrada Sánchez Guzmán encabeza la investigación del caso con el apoyo de un equipo de fiscales designado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Por el caso, el Ministerio Público ya obtuvo un año de prisión preventiva contra Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), así como de los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.
Al momento en que ocurrió el hecho, los esposos se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco.
Los ocupantes del vehículo fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
Como comandante del departamento policial, a quien respondían los integrantes de la patrulla, al coronel Maríñez Lora el Ministerio Público le imputa la violación a varios artículos del Código Penal y de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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