El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para el martes a las 2:00 de la tarde la audiencia de conocimiento de la medida de coerción seguida en contra de los imputados en el caso Camaleón.
El juez tomó la decisión a solicitud de la defensa de los acusados quienes pidieron más tiempo para tener el expediente de manera física y poder estudiarlo.
Los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix SAS; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas, señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicado al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
La Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicita prisión preventiva contra los acusados y la declaratoria de complejidad del proceso.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participó aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
El Ministerio Público señaló que en los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las acusaciones.
«La solicitud de medida de coerción cuenta con los elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del Ministerio Público en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso», indicó el MP.
Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato «fraudulento» para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.
