Alianza Ciudadana, la institución que objetó el archivo definitivo que favorece a 8 investigados por el caso Odebrecht, sometió a la justicia a Gonzalo Castillo, por la presunta compra irregular del hotel Barahona Beach Resort, en 2013, cuando se desempeñó como ministro de Obras Públicas.
El sometimiento fue hecho por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por los abogados que representan la institución, Eddy De Gracía y Evelyn Torres por presunta violación de los delitos de prevaricación, concusión de funcionarios públicos, cohecho y abuso de confianza.
Aducen que el proyecto del hotel Perla del Sur se originó cuando el entonces ministro de Obras Públicas adquirió mediante un préstamo de 91 millones de pesos, muy por debajo de su valor, vía el Banco de Reservas, el antiguo Hotel Barahona Beach Resort, precio además que fue pagado en efectivo 16 millones y los restantes 75 fueron financiados a diez años a una tasa “muy asequible”.
Alegan que la compra del hotel en Barahona la hizo Gonzalo Castillo prevaleciéndose de su condición de funcionario en el primer trimestre de 2013 a través de la empresa Perla del Sur Investment Group.
Aseguran que este grupo económico lo formó junto a Sadhalá Khoury, ligado al mundo de la construcción, del fallecido propietario de las Estrellas Orientales, Miguel Feris, Pablo Portes, de GB Energy y Rafael Méndez Risk, del sector farmacéutico.
La organización de la sociedad civil dijo que Castillo violó también la Ley 41-08, de Función Pública, que prohíbe ese tipo de transacciones de funcionarios con instituciones públicas.
Manifestó que el influyente exministro también ocultó esa propiedad en sus últimas declaraciones juradas de patrimonio, en el 2016 y en el 2019, al no transparentarla.
El préstamo se hizo a nombre de la Constructora Castillo López, la empresa del exministro de Obras Públicas y que administra Gonzalo Alexander Castillo López, el hijo del excandidato presidencial del PLD.
Destacan que Gonzalo Castillo había dicho anteriormente que la compra que hizo en el 2013 la realizó mediante un traspaso de préstamo con el Banco Popular, sin embargo, en su declaración jurada del 2016 no aparece consignada esa deuda con ese banco.
Red de Rendición de Cuentas
Por otro lado, anunciaron la activación de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), una iniciativa de sociedad civil que asumirá a partir este miércoles 28 una serie de acciones procesales encaminadas a esclarecer casos de corrupción en la Administración Pública.
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